Un plazo de 24 horas tendrán la Alcaidía y las unidades carcelarias 1 y 4 para informar sobre la situación sanitaria de las personas alojadas en esos establecimientos. El requerimiento busca establecer si hubo diagnósticos confirmados de tuberculosis durante el semestre y si hay internos aislados por síntomas compatibles con la enfermedad.
La medida forma parte de una actuación iniciada por la fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, luego de que el ministro de Salud, Federico Mangione, informara sobre un brote en el sistema penitenciario y señalara que los pacientes estaban recibiendo tratamiento.
En el marco de la investigación, también se convocó a responsables del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un médico que presta servicios en el ámbito penitenciario. La fiscalía busca obtener información directa sobre la atención sanitaria y las condiciones de las personas afectadas.
Por otra parte, el Cuerpo Especial de Investigadores (CEI) deberá reunir datos sobre los internos que se encuentran hospitalizados por tuberculosis. Con estas diligencias, Geria procura determinar la dimensión de la situación y conocer el estado de salud de la población penitenciaria.