La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental avanzó en el Senado luego de que La Libertad Avanza consiguiera un dictamen de mayoría con el respaldo de bloques aliados. El proyecto será debatido en el recinto el próximo 22 de octubre y plantea modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias.
Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” del paciente o de terceros. De aprobarse la iniciativa, los profesionales podrían intervenir sin esperar a que el peligro sea inmediato. Para indicar una internación deberán participar un médico, preferentemente psiquiatra, y otro profesional, preferentemente psicólogo. La decisión también deberá notificarse a la Justicia.
La propuesta contempla, además, ampliar de 10 a 24 horas el plazo para informar las internaciones a las autoridades judiciales y establecer una evaluación interdisciplinaria antes del alta. También incorpora la ludopatía dentro del abordaje de las adicciones y prevé planes de egreso con seguimiento, junto con la posibilidad de dejar asentadas directivas anticipadas sobre tratamientos de salud mental.
Entre los cambios acordados con sectores aliados se encuentra el mantenimiento de la prohibición de los manicomios establecida por la ley de 2010. Este punto continúa siendo motivo de debate entre especialistas, especialmente por el rol que deberían cumplir los hospitales especializados en la atención de pacientes con cuadros graves.
Mientras algunos profesionales consideran que la modificación permitiría actuar con mayor rapidez ante situaciones críticas y reducir demoras en las guardias, otros aspectos del sistema de atención siguen generando discusión. La iniciativa deberá tratarse en el Senado para avanzar en su posible aprobación.