La disputa por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno británico cuestionara la decisión de Argentina de recurrir a un arbitraje internacional para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La respuesta fue difundida este 30 de septiembre por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar. La funcionaria sostuvo que la iniciativa argentina busca afectar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas. Además, el Reino Unido convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para entregarle una nota diplomática.
El Gobierno de Javier Milei había instruido a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar el procedimiento contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El objetivo es cuestionar la explotación del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en la plataforma continental que Argentina considera propia.
Desde Londres sostienen que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar sus recursos naturales y que las actividades hidrocarburíferas se desarrollan bajo las leyes locales y, según su posición, de acuerdo con el derecho internacional. Kumaran también señaló que las acciones argentinas para impedir esas actividades afectan la prosperidad y la seguridad económica de la población de las islas.
El Gobierno británico vinculó además el conflicto por los recursos naturales con la relación bilateral y cuestionó que Argentina recurra a mecanismos internacionales para intentar detener proyectos que Londres considera legales.