Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, el Senado aprobó una ley que establece un marco permanente para el sistema de atención y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. De esta manera, el sector dejará atrás el esquema de emergencia que tiene vigencia hasta fin de año. La iniciativa mantiene el nomenclador universal y contempla actualizaciones vinculadas a la inflación, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los servicios y prestaciones.
La propuesta ya había recibido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 237 votos a favor. Durante el debate en el Senado, legisladores de distintos espacios coincidieron en la necesidad de avanzar con una normativa que garantice derechos y mejore las condiciones de atención. Sin embargo, desde algunos sectores también expresaron preocupación por su aplicación efectiva, especialmente en lo referido al financiamiento y al cumplimiento de las disposiciones.
Tras la sanción, resta que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para determinar su implementación. El Gobierno conserva la facultad de realizar un veto total o parcial, aunque el amplio consenso alcanzado en ambas cámaras representa un desafío político para una eventual decisión de ese tipo. Desde la oposición advirtieron que el verdadero impacto de la norma dependerá de que las medidas aprobadas se traduzcan en recursos y respuestas concretas para las personas con discapacidad.