El Gobierno nacional decidió recurrir a una instancia superior tras el fallo que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La administración central confirmó que presentará una apelación contra la resolución del juez federal Martín Cormick.
El reclamo universitario continúa así por la vía judicial, mientras también avanza el debate en el Congreso. Desde el Ejecutivo sostienen que la implementación de la ley demandaría más de un billón de pesos y aseguran que cualquier modificación de las partidas para 2027 deberá discutirse dentro del tratamiento del Presupuesto.
La postura oficial se apoya en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y mantiene vigente el criterio de supeditar la ejecución de la norma a las condiciones previstas por la Ley de Administración Financiera. Por ahora, el Gobierno no prevé una mesa de negociación política con las universidades.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires mantienen el reclamo por los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones, las becas y los salarios docentes. El conflicto también llegará a la Cámara de Diputados, donde la oposición impulsa una sesión especial sobre el financiamiento universitario.