El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a ciudadanos extranjeros que promuevan discursos de odio o violencia contra argentinos.
La medida también alcanza a quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales. En esos casos, las autoridades podrán revocar la residencia e intimar a la persona a abandonar el país o disponer su expulsión, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
La normativa aclara que no serán alcanzadas expresiones vinculadas al disenso ideológico, la crítica política, la crítica académica ni la opinión ciudadana legítima. Según el Gobierno, el objetivo es actuar sobre conductas que fomenten el odio o la violencia, sin afectar la libertad de expresión.