Google presentó en la Argentina su Centro de Transparencia de Publicidad Política para darle más transparencia a los anuncios con contenido político publicados en su buscador, la plataforma YouTube y los avisos de su red de Display en otros sitios.

La iniciativa permite a las personas conocer quién está pagando por cada anuncio, ya sea una organización o un individuo, y la inversión realizada en cada uno, entre otros detalles. Este informe se actualiza diariamente y es accesible de forma libre y gratuita.

“Sabemos que la publicidad política es importante, los candidatos utilizan los anuncios para compartir información y conectarse con potenciales votantes, quienes pueden informarse de las propuestas de cada espacio a través de estos anuncios. Por eso, trabajamos en el desarrollo de políticas y herramientas que nos permiten brindar mayor transparencia sobre los anuncios con contenido político que se ven en nuestras plataformas”, señaló Tamar Colodenco, gerente de Políticas Públicas en Google Argentina.

Argentina, después de Brasil, es el segundo país de la región en incorporar estos requisitos de verificación y el Informe de Transparencia de Google. Esta herramienta se implementó por primera vez en Estados Unidos en 2018, y ya está disponible en otros nueve países. Ellos son India, Reino Unido, Nueva Zelanda, Israel, Australia, Taiwán, EE.UU, Brasil y, ahora, Argentina, además de las naciones que integran la Unión Europea.

“El informe incluye aquellos anuncios que fueron mostrados al menos una vez en el Buscador, Red de Display, YouTube y en formatos de anuncios compatibles en DV360 y que fueron creados desde el 7 septiembre de 2022, es decir, cuando entró en vigencia la política de la compañía. También ofrece una vista general de los anuncios publicados en un país o región, e información sobre los principales anunciantes en cada uno de ellos y su respectivo gasto en publicidad”, explicó Ernesto de la Rocha, director de Producto de Google.

Proceso de verificación
Todos aquellos anunciantes que quieran publicitar contenido referido a un partido político o coalición nacional, actual funcionario electo o candidato a presidente, vicepresidente, miembro del Senado de la Nación o la Cámara de Diputados, deberán completar un proceso de verificación que permite etiquetar a los anuncios de contenido político.

Este proceso no se limita a los períodos electorales y consta de dos etapas: en primer lugar, se verifica si el anunciante puede publicar anuncios con contenido político en un país determinado. Y luego, se verifica la identidad del anunciante.

Vale recordar que la campaña a nivel nacional recién comienza el 24 de junio, cuando podrán comenzar a difundirse avisos electorales. En el Centro de Publicidad Política hoy pueden verse avisos, en su mayoría, referidos a las elecciones en las distintas provincias, que tiene un calendario desdoblado de las nacionales.

Cuando estén definidas las precandidaturas, se sumarán los avisos de los precandidatos al Informe. En total, desde el 7 de septiembre de 2022 hasta la fecha, se publicaron 5.403 avisos por un total de $106.500.000.

Al mismo tiempo, Google incorporó otra herramienta de transparencia: las etiquetas que indican quién pagó por cada anuncio. Así, las publicidades comprendidas en esta política deben incluir la etiqueta Pagado por que, para la mayoría de los formatos, se generará automáticamente con la información brindada en el proceso de verificación.

Es importante destacar que, además de tener que realizar el proceso de verificación como anunciantes, todas las organizaciones o individuos que busquen publicar anuncios de contenido político en Argentina también deben cumplir con el resto de las políticas.

Entre otros aspectos, prohíben los contenidos con declaraciones cuya falsedad sea demostrable y que podrían socavar significativamente la participación o la confianza en un proceso electoral o democrático. Por ejemplo, información tergiversada sobre procedimientos de votación pública; elegibilidad de candidatos políticos según la edad o el lugar de nacimiento; resultados electorales o participación censal que contradiga los registros gubernamentales oficiales.

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