Los camaristas examinaron hechos, pruebas, testimonios y alcanzaron una conclusión: tanto el atentado contra la embajada de Israel en marzo de 1992 como el de la AMIA, dos años después, respondieron a una decisión política y estratégica de la República Islámica de Irán, y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah «que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales».

Esto implica que el país promotor y financiador de actos terroristas más allá de sus fronteras «asume una responsabilidad internacional, podría ser calificado como ‘terrorista’ e implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material», y a su vez, puede ser juzgado en todo el mundo.

Compartir en redes sociales

Deja un comentario