El presidente Javier Milei prepara el envío al Congreso de un proyecto de reforma jubilatoria que plantea un cambio estructural en el sistema previsional argentino. La propuesta incluye el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 70 años, tanto para hombres como para mujeres, y la posibilidad de que entidades privadas administren parte de los aportes de los trabajadores, en un esquema similar al de las antiguas AFJP.
Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es “garantizar la sustentabilidad del sistema” y reducir el déficit previsional, que actualmente absorbe una porción significativa del gasto público. En la práctica, la iniciativa busca reemplazar el modelo solidario actual por uno mixto, en el que convivirían una prestación básica universal —equiparable a la Pensión Universal al Adulto Mayor— y un componente adicional sujeto a los aportes realizados durante la vida laboral.
El plan forma parte del paquete de reformas que el Gobierno se comprometió a implementar ante el Fondo Monetario Internacional, en el marco del acuerdo financiero firmado en abril. La administración libertaria argumenta que el envejecimiento poblacional y la baja tasa de aportantes activos obligan a rediseñar el sistema para hacerlo sostenible a largo plazo.
Sin embargo, la propuesta ya genera resistencia en distintos sectores políticos y sindicales, que advierten sobre el impacto que tendría en los trabajadores con trayectorias laborales interrumpidas o informales. También alertan que la apertura a la gestión privada podría derivar en la mercantilización del derecho a la jubilación y en una pérdida de poder adquisitivo para los futuros beneficiarios.
De concretarse, la reforma jubilatoria impulsada por Milei establecería la edad de retiro más alta de la región y significaría el mayor cambio en materia previsional desde la eliminación de las AFJP en 2008, marcando un giro de fondo en la relación entre el Estado, los trabajadores y el sistema de seguridad social argentino.