El plan económico liberal-libertario impulsado por el presidente Javier Milei está generando una profunda crisis laboral en Argentina. En pocos meses, ya se contabilizan decenas de miles de despidos, tanto en el sector público como en el privado, cierre de plantas industriales, caída del salario real y un aumento sostenido en los conflictos gremiales.
Según cifras oficiales, el gobierno redujo en lo que va del año más de 37.000 puestos en el Estado, en un intento por achicar el gasto público. Uno de los ministerios más afectados es Capital Humano, donde se despidió a más de 100 trabajadores vinculados a programas de inclusión y asistencia social. Además, se desarticularon áreas clave de derechos humanos, como el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, con más de 400 despidos.
En paralelo, el sector privado también siente el impacto del ajuste. La caída del consumo, la apertura de importaciones y la falta de incentivos productivos están provocando la reducción de turnos, suspensiones y cierres de fábricas en distintos puntos del país.
Los gremios comenzaron a responder con medidas de fuerza. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció más de 2.000 cesantías solo en el Ministerio de Justicia, mientras que médicos del Hospital Garrahan intensificaron las protestas por mejoras salariales, alertando por una pérdida del 50% del poder adquisitivo desde diciembre.
La conflictividad se extiende en diversos sectores, y aunque el gobierno busca imponer restricciones al derecho a huelga, la Justicia laboral ya suspendió de manera provisoria un decreto que limitaba la protesta sindical, por considerar que vulnera principios constitucionales.
Lejos de contenerse, la resistencia social al ajuste parece crecer por necesidad más que por motivación política. La combinación de despidos, deterioro del salario y políticas de shock está poniendo a prueba la paciencia de miles de trabajadores en todo el país.