La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expresó su “enérgico rechazo” al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsado por sectores de la oposición en la Cámara de Diputados. Según ANDIS, la iniciativa representa un retroceso al promover un modelo asistencialista que ignora los estándares internacionales y pospone la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.
El proyecto, liderado por el diputado Daniel Arroyo, propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus objetivos incluyen actualizar las prestaciones en base al índice de inflación, otorgar mayor presupuesto para tratamientos y mejorar el acceso a pensiones no contributivas por invalidez laboral.
ANDIS argumenta que las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen su inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El director de la agencia, Diego Spagnuolo, enfatizó que la organización se adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades.
El rechazo de ANDIS ha generado críticas por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos. El Foro Permanente por la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad respondió que “son múltiples las situaciones que dan cuenta de una emergencia concreta, visible y urgente”, y consideró difícil comprender cómo pueden afirmar que esta emergencia es un invento.
La controversia se suma a las críticas previas hacia la gestión de ANDIS, especialmente tras la publicación de la Resolución 187/2025, que utilizaba términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar grados de discapacidad intelectual. Aunque la agencia afirmó que se trató de un error y prometió corregir la normativa, el incidente fue ampliamente repudiado por organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad.
Mientras tanto, diversas organizaciones y personas con discapacidad han realizado manifestaciones en varias ciudades del país, incluyendo la Plaza de Mayo, para exigir la declaración de la emergencia en discapacidad y denunciar recortes en pensiones y servicios esenciales.
El debate continúa en el Congreso, donde se espera que el proyecto de ley sea tratado en las próximas sesiones.