El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario encendió alarmas en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde autoridades y gremios advierten que la medida podría derivar en recortes de cargos docentes, suspensión de becas y limitaciones en las actividades académicas.
La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes, además de un refuerzo presupuestario para el sistema universitario. Sin esos fondos, desde la UNSa aseguran que será difícil sostener la planta de trabajadores y mantener los niveles actuales de funcionamiento.
Desde ADIUNSa, el gremio que nuclea a docentes e investigadores, señalaron que el ajuste golpea a toda la comunidad académica y que en Salta los salarios de referencia rondan los 500 mil pesos por 20 horas semanales, cifra que consideran muy por debajo de lo que perciben colegas en otras provincias.
En paralelo, referentes universitarios recordaron que en los últimos meses miles de docentes abandonaron las aulas en el país para buscar mejores ingresos, lo que refleja la pérdida de competitividad del sector frente a otros ámbitos laborales.
Mientras se espera que el Congreso intente insistir con la ley vetada, en Salta se organizan nuevas manifestaciones en defensa de la universidad pública, en un contexto donde el riesgo de despidos y recortes se vuelve cada vez más concreto.