Mientras más de 20 mil almas vibraban con el triunfo xeneize en el Martearena, en las afueras del estadio se jugaba otro partido mucho más turbio. La llegada de los grandes del fútbol argentino a la provincia volvió a desnudar una falencia estructural: el control del espacio público. Esta vez, el precio de la impunidad tuvo un número redondo y doloroso para el bolsillo del hincha: 10 mil pesos por vehículo.
El precio de la desprotección
Lo que debería haber sido una fiesta de la familia terminó en indignación. Los automovilistas que arribaron a las inmediaciones del estadio desde las 19 horas se toparon con un despliegue de cuidacoches que, lejos de pedir una colaboración voluntaria, imponían un canon fijo. El modus operandi fue el de siempre, pero con una tarifa actualizada por la inflación y la relevancia del evento. Quien se negaba a pagar, enfrentaba la mirada desafiante o la incertidumbre de encontrar su auto dañado al finalizar el encuentro.
La contradicción fue total. Mientras el Ministerio de Seguridad anunciaba un despliegue de 800 efectivos y controles biométricos en los ingresos, a escasos metros de los vallados el cobro ilegal florecía a la vista de todos. Para muchos salteños, el operativo policial se concentró en la requisa de banderas y encendedores, pero ignoró deliberadamente el apriete sistemático en las zonas de estacionamiento.
Un vacío legal que alimenta el abuso
El malestar no es nuevo, pero la cifra de 10 mil pesos marcó un récord que encendió las alarmas. Este episodio pone contra las cuerdas al Concejo Deliberante y a la Legislatura provincial, donde los proyectos para prohibir definitivamente la actividad o endurecer las penas de arresto parecen dormir el sueño de los justos mientras el ciudadano común queda como rehén.
La falta de una postura oficial firme tras el partido de Boca deja un mensaje peligroso: en Salta, el espacio público tiene dueños temporales que imponen sus propias leyes cada vez que rueda la pelota. La ausencia de detenidos o sancionados por estos cobros específicos confirma que, por ahora, el derecho a circular y estacionar libremente es un privilegio que se paga caro.
La exigencia de un cambio real
Los damnificados no solo exigen la devolución simbólica de su tranquilidad, sino una planificación que incluya zonas de estacionamiento custodiadas por el municipio en eventos de esta magnitud. La fiesta de Boca pasó, pero el sabor amargo de haber sido asaltado legalmente en la vía pública quedó instalado en una sociedad que ya no tolera más el concepto de estacionamiento libre bajo extorsión.