El proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados profundiza la tensión política y sindical en todo el país. Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para dinamizar el empleo y reducir la informalidad, especialistas en derecho laboral y constitucional alertan que el texto contiene numerosas disposiciones que podrían contradecir normas de jerarquía superior.
De acuerdo con distintos análisis jurídicos, varios artículos entrarían en conflicto con garantías establecidas en la Constitución de la Nación Argentina, especialmente en lo referido a la protección del trabajo, la estabilidad y la organización sindical contempladas en el artículo 14 bis. También se mencionan posibles incompatibilidades con tratados internacionales incorporados con rango constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho al trabajo en condiciones dignas y a la libertad sindical.
Entre los puntos más cuestionados figura la posibilidad de ampliar la jornada laboral mediante esquemas de distribución flexible que podrían alcanzar hasta 12 horas diarias, siempre bajo sistemas de compensación. Asimismo, el proyecto habilitaría nuevas modalidades para el pago de indemnizaciones por despido, incluyendo mecanismos alternativos o fondos de cese, lo que según sectores críticos podría debilitar el principio de reparación integral.
Otro eje central del debate es la regulación de las medidas de fuerza. Organizaciones gremiales sostienen que el texto incorpora restricciones que podrían afectar el ejercicio del derecho a huelga, reconocido tanto en la legislación nacional como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el sindicalismo advierten que cualquier limitación desproporcionada podría derivar en planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma apunta a actualizar el marco normativo frente a nuevas formas de contratación y a reducir la litigiosidad laboral, uno de los argumentos centrales del oficialismo para impulsar los cambios.
Con el tratamiento parlamentario en curso, el proyecto se perfila como uno de los debates más trascendentes del año en materia laboral. En caso de convertirse en ley sin modificaciones sustanciales, distintos sectores anticipan que la discusión continuará en el ámbito judicial, donde se evaluará la validez constitucional de varios de sus artículos.