A horas del inicio del debate en el Senado, el oficialismo incorporó modificaciones de último momento al proyecto de Reforma Laboral 2026 con el objetivo de consolidar apoyos y reducir resistencias tanto políticas como sindicales. Los cambios alcanzan puntos sensibles del texto original, entre ellos el Impuesto a las Ganancias, las licencias por enfermedad y la regulación de las fuerzas de seguridad.
Uno de los ajustes más relevantes fue la revisión del esquema vinculado al Impuesto a las Ganancias. Gobernadores de distintas provincias habían manifestado preocupación por el impacto fiscal que algunas modificaciones podían generar en la coparticipación. Frente a ese escenario, el Ejecutivo reformuló el capítulo correspondiente para evitar una merma en los recursos provinciales y garantizar respaldo en la Cámara Alta.
En el plano laboral, el proyecto redefine el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados directamente con la tarea. El nuevo texto establece que, en determinados casos de enfermedades o lesiones ajenas a la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% de su salario durante el período de licencia. La medida generó debate inmediato, ya que sectores gremiales advierten que podría significar una reducción de derechos frente al esquema vigente. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una diferenciación entre contingencias laborales y situaciones externas a la prestación de servicios.
Otro punto incorporado en las últimas horas refiere a las fuerzas de seguridad, en medio de recientes acuartelamientos registrados en Santa Fe y Rosario. El proyecto suma un apartado que obliga a garantizar la prestación plena del servicio, incluso en contextos de conflicto interno, con el argumento de asegurar la continuidad operativa y evitar vacíos en la cobertura de seguridad pública.
La reforma también mantiene otros ejes estructurales como cambios en aportes patronales, mecanismos de resolución de conflictos laborales y nuevas reglas para la contratación. El oficialismo busca avanzar con la aprobación en el Senado en una sesión que se anticipa extensa y marcada por fuertes cruces políticos.
El debate promete convertirse en uno de los más trascendentes del año legislativo, dado el impacto que la iniciativa podría tener sobre el mercado laboral, las cuentas públicas y el equilibrio entre derechos de los trabajadores y necesidades fiscales.