El Gobierno presentó al Congreso una amplia reforma del Código Penal que endurece las penas para casi veinte tipos de delitos y eleva de manera significativa la proporción de condenas que deberán cumplirse de forma efectiva. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca modificar la estructura del sistema penal y reducir los casos de penas en suspenso o beneficios de excarcelación.
Uno de los ejes centrales del proyecto es que alrededor del 82% de los delitos pasen a ser de cumplimiento efectivo. Para lograrlo, se incrementan las penas mínimas y máximas de figuras como homicidio simple, robo agravado, delitos sexuales, narcotráfico, trata de personas, corrupción y tenencia de armas, entre otros. Además, ciertos delitos considerados especialmente graves dejarán de prescribir.
La propuesta también introduce modificaciones en torno a la legítima defensa. Se establece una presunción favorable para quien se defienda de un ataque, lo que otorga mayor respaldo legal a ciudadanos y fuerzas de seguridad en situaciones de amenaza directa.
El proyecto incluye nuevas tipificaciones y sanciones más severas para conductas como conducción temeraria con resultado lesivo, abuso de armas y producción o distribución de material de explotación sexual infantil. A su vez, se plantea la pérdida de privilegios para funcionarios condenados por corrupción u otros delitos graves.
La reforma todavía debe atravesar el debate legislativo, donde se espera una discusión intensa sobre sus alcances. Mientras el Gobierno sostiene que busca fortalecer la seguridad y proteger a las víctimas, especialistas advierten que algunos puntos podrían afectar garantías fundamentales si no se precisan con claridad los límites de la actuación penal.
El texto definitivo, que será analizado en comisión, definirá el alcance real de un cambio que podría reconfigurar el sistema penal argentino durante los próximos años.