Con cambios a la propuesta original y resistencia por parte de la oposición, se sancionó una nueva ley de alquileres que reemplazará a la vigente 27.551, sancionada en 2020. Entre los principales cambios se destaca la actualización semestral del valor de los contratos, y la introducción de algunos beneficios fiscales para los propietarios. Los detalles de la norma se verán una vez que esté reglamentada y publicada en el Boletín Oficial.
En este marco, lo primero que hay que dejar en claro es que quienes ya estén con contratos de alquiler vigentes continuarán bajo el paraguas de la ley anterior, ya que la flamante reglamentación comenzará a aplicarse en los nuevos contratos una vez que se oficialice. De este modo, por unos años van a convivir los dos sistemas.
En líneas generales, las modificaciones impulsadas por el oficialismo no son vistas como positivas por el sector inmobiliario. “Aunque suena bien desde lo discursivo, no es así en los hechos”, expresó Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza. En la misma línea, Estanislao Puelles, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) sumó que la nueva ley es como “echarle nafta al fuego”.