El anuncio del nuevo marco comercial entre Argentina y Estados Unidos generó una inmediata ola de críticas por la total falta de participación de los sectores productivos nacionales. Desde entidades rurales hasta cámaras empresariales con vínculos directos en el comercio bilateral señalaron que no fueron convocadas, no recibieron información previa y tampoco pudieron emitir recomendaciones antes de que el entendimiento fuera oficializado.
Según trascendió, el acuerdo incluye reducciones arancelarias, mejoras de acceso a mercados y una ampliación del intercambio de bienes industriales, agrícolas y farmacéuticos. Sin embargo, la ausencia de consultas previas encendió alarmas en las actividades que podrían verse directamente afectadas por la competencia externa, especialmente en el agro y la industria manufacturera.
En el campo, referentes de la Mesa de Enlace manifestaron sorpresa y preocupación: mientras el Ejecutivo presentó el entendimiento como una oportunidad de expansión, los productores temen que la apertura de mercados para ciertos bienes estadounidenses termine impactando en la competitividad local. También remarcaron que la falta de información impide evaluar si las concesiones ofrecidas por Argentina equilibran efectivamente los beneficios que recibiría el país.
En el plano político, legisladores de distintos bloques cuestionaron que el proceso se desarrollara sin intervención del Congreso. Plantearon que un acuerdo de estas características requiere debate técnico y político, ya que involucra temas sensibles como regulaciones sanitarias, propiedad intelectual y eventuales cambios en el flujo de importaciones.
Mientras el Gobierno defiende el marco como una señal de confianza internacional y una herramienta para atraer inversiones, en el sector privado prevalece la cautela. Por ahora, el pedido principal es uno: abrir la negociación, transparentar los términos y evaluar su impacto real antes de avanzar en la implementación.