El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional expone un panorama complejo para el sistema científico y las universidades. Aunque el presidente Javier Milei destacó en cadena nacional que habrá aumentos en las partidas de educación y ciencia, los números oficiales revelan que los incrementos son nominales y que, en términos reales, implican un recorte.
En el caso de las universidades, el monto asignado para 2026 se limita a repetir lo recibido en diciembre de este año, lo que equivale a un financiamiento muy por debajo de lo reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Según esa proyección, el sistema necesitaría más de siete billones de pesos para garantizar su funcionamiento, pero la propuesta apenas alcanza una fracción de esa cifra.
La situación es aún más preocupante para la ciencia y la tecnología: la participación de este rubro en el Producto Interno Bruto caería a 0,15 %, muy lejos de la meta legal que fijaba un 1 %. A la vez, el proyecto plantea eliminar las normas que obligaban al Estado a invertir un piso del 6 % del PIB en educación y a sostener los niveles previos en investigación y desarrollo.
De este modo, el presupuesto profundiza el ajuste en dos áreas estratégicas para el desarrollo nacional, generando incertidumbre sobre la continuidad de programas de investigación, el mantenimiento de organismos clave y el normal funcionamiento de las universidades públicas.