Mientras continúan las negociaciones políticas en torno a una reforma laboral integral, el Gobierno nacional avanzó por una vía paralela con una modificación clave en el sistema de riesgos del trabajo. A través del Decreto 549/2025, se actualizó la tabla de evaluación de incapacidades laborales, un instrumento central para el cálculo de indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.
La medida fue firmada el 5 de agosto de 2025 y estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, por lo que comenzará a aplicarse a partir del 2 de febrero próximo. Con esta actualización, se reemplaza un esquema que estaba vigente desde mediados de los años noventa, modificando los criterios médicos y técnicos con los que se determina el porcentaje de incapacidad de un trabajador.
Desde el Gobierno sostienen que la decisión apunta a modernizar el sistema y unificar criterios de evaluación en todo el país, incorporando parámetros acordes a los avances científicos y médicos. Sin embargo, distintos sectores laborales y sindicales advierten que la nueva tabla podría derivar en una reducción de los porcentajes de incapacidad reconocidos y, en consecuencia, en indemnizaciones más bajas.
El cambio impacta directamente en el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), ya que las evaluaciones de incapacidad son la base para definir las compensaciones económicas. Por ese motivo, las críticas señalan que la medida favorece a las aseguradoras y a las empresas, al disminuir los costos derivados de siniestros laborales.
La actualización del baremo se produce en un contexto de debate más amplio sobre el futuro del régimen laboral, lo que llevó a calificarla como una reforma laboral paralela que avanzó por decreto, sin pasar por el Congreso. Su implementación reaviva la discusión sobre el equilibrio entre la reducción de costos para el sector empresario y la protección de los derechos de los trabajadores.