La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional desató una fuerte controversia política y denuncias sobre una presunta cesión de control estratégico a intereses vinculados a Estados Unidos. La medida se conoció en simultáneo con la participación del presidente Javier Milei en un encuentro internacional en Davos, donde mantuvo reuniones de alto nivel en el marco de una agenda geopolítica y económica global.
Según trascendió, la notificación a las autoridades provinciales se realizó durante la madrugada del 21 de enero, pasadas las cero horas, en un operativo que incluyó una fuerte presencia de fuerzas federales en la zona portuaria. Desde sectores políticos y sociales de Tierra del Fuego cuestionaron la falta de aviso previo y calificaron el procedimiento como opaco e intempestivo.
Las críticas apuntan a que la intervención no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia vinculada al alineamiento internacional del Gobierno nacional. En ese sentido, advierten que el Puerto de Ushuaia cumple un rol clave como puerta de acceso a la Antártida y como punto estratégico en el Atlántico Sur, en una región sensible por la cuestión Malvinas y por el creciente interés de las potencias en el control de rutas marítimas y logísticas.
Desde el Ejecutivo, en cambio, justificaron la decisión en la necesidad de ordenar la administración del puerto y corregir presuntas irregularidades en su gestión, asegurando la continuidad operativa y la seguridad de las instalaciones. La intervención fue planteada como temporal y bajo control del Estado nacional.
El Gobierno de Tierra del Fuego y distintos referentes políticos anunciaron que evaluarán acciones legales para frenar la medida, al considerar que vulnera la autonomía provincial. Mientras tanto, el debate sigue abierto y suma tensión a la discusión sobre soberanía, control de recursos estratégicos y el rol de Argentina en el escenario geopolítico internacional.