Organizaciones de derechos humanos y asociaciones que representan a personas con discapacidad presentaron una denuncia formal ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. El reclamo fue impulsado por entidades como ACIJ, REDI, CELS, Amnistía Internacional y la APDH, y expone la grave situación que afecta a más de 1.200.000 personas con discapacidad en Argentina.
La denuncia, presentada el 23 de mayo, cuestiona el Decreto 843/24 del Gobierno nacional, que reestablece exigencias para acceder a pensiones no contributivas que ya habían sido declaradas inconstitucionales. También se critica la realización de auditorías sin contemplar las garantías de accesibilidad ni brindar apoyos adecuados, lo que vulnera derechos básicos como la defensa en juicio.
Las organizaciones solicitan al Comité de la ONU que inste al Estado argentino a derogar el decreto, suspender las auditorías hasta garantizar condiciones respetuosas y accesibles, y asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en cualquier reforma que las afecte.
En paralelo, miles de familias, profesionales y personas con discapacidad se movilizaron el jueves 29 de mayo en distintas ciudades del país para reclamar la aprobación de una Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca declarar la emergencia nacional en el área hasta diciembre de 2027.
La situación ya despertó preocupación internacional, y se espera que el Comité de la ONU emita recomendaciones sobre el caso en las próximas semanas.