El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas que afectan directamente a las áreas de Derechos Humanos y Cultura, generando preocupación entre organizaciones sociales y de memoria. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, se oficializó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría, con un recorte del 40% en su estructura y el despido del 30% de su personal, lo que representa un ahorro estimado de 9.000 millones de pesos anuales .
Además, el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, ambos organismos descentralizados de la Secretaría de Derechos Humanos, fueron transferidos al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), modificando su dependencia y estructura organizativa .
En el ámbito cultural, se anunciaron recortes y cambios estructurales en organismos como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Libertad (ex CCK) y Tecnópolis, entre otros .
Estas medidas han sido justificadas por el gobierno como parte de un plan de eficiencia y reducción del gasto público. Sin embargo, han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y culturales, que consideran que estas acciones representan un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, y en el acceso a la cultura.
Organismos como H.I.J.O.S. han expresado su preocupación, señalando que el gobierno “está vaciando todas las áreas comprometidas con la defensa de los derechos humanos” .
Estas decisiones se enmarcan en una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei desde su asunción en diciembre de 2023, que incluyen la eliminación de ministerios, reducción de personal y recortes presupuestarios en diversas áreas del Estado .
La comunidad nacional e internacional observa con atención estos cambios, que podrían tener implicancias significativas en la preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura en Argentina.