La Cámara de Diputados debatirá este miércoles un proyecto conocido como Ley Garrahan, que busca declarar la emergencia en la atención pediátrica a nivel nacional y mejorar las condiciones laborales en el sector. Aunque la medida representa un costo fiscal mínimo para el Estado, ha generado una fuerte reacción política por parte del gobierno nacional.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto adicional representaría apenas el 0,01 % del Producto Interno Bruto, lo que equivale a una carga marginal para las cuentas públicas. Sin embargo, desde el oficialismo advierten que la aprobación de esta ley podría poner en riesgo el programa de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y, sobre todo, marcar un quiebre político en la relación con el Congreso.
El proyecto cuenta con respaldo de bloques opositores que ya vienen impulsando otras leyes sociales, como las vinculadas a jubilaciones, financiamiento universitario y discapacidad. En caso de ser aprobado, el Ejecutivo ya adelantó que podría vetarlo, pero el escenario legislativo actual indica que esos vetos podrían ser revertidos, dejando en evidencia una pérdida de control parlamentario por parte del oficialismo.
El debate sobre la Ley Garrahan no se centra únicamente en cuestiones presupuestarias. Para el gobierno, representa una prueba clave de gobernabilidad y una señal que podría impactar negativamente en los mercados. Para la oposición, en cambio, se trata de una respuesta humanitaria ante el deterioro del sistema sanitario pediátrico, con hospitales y residencias en crisis.
A pesar de su bajo costo económico, el tratamiento de esta ley revela una disputa de fondo sobre los límites del ajuste, el rol del Congreso y el margen de maniobra del Poder Ejecutivo frente a un escenario político cada vez más fragmentado.