El juez federal Mariano Iturralde hizo lugar parcialmente a una acción de habeas corpus presentada contra la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, la cual había determinado la prohibición de los centros de estudiantes en las unidades penitenciarias federales.
La presentación judicial fue impulsada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, que solicitó la suspensión de dicha norma y de cualquier disposición derivada que afectara la continuidad de estos espacios educativos, incluyendo cambios en las funciones laborales de los internos involucrados en el mantenimiento de los centros universitarios.
Aunque Iturralde no anuló completamente la resolución emitida por el organismo que encabeza Patricia Bullrich, sí estableció una medida cautelar que garantiza que los internos que cursan en los centros universitarios de Devoto y Ezeiza puedan permanecer allí el tiempo necesario para desarrollar sus actividades académicas, como el estudio independiente y otras prácticas extracurriculares. Esta disposición se mantendrá vigente hasta que se dicte un fallo definitivo.
El magistrado subrayó en su resolución que “la experiencia demuestra que dentro de los establecimientos carcelarios, los espacios educativos resultan los más apropiados para que los estudiantes lleven adelante actividades autónomas y complementarias a las clases formales”. Además, advirtió que la falta de una respuesta inmediata podría “afectar de manera irreversible” el derecho a la educación de las personas privadas de su libertad.
La postura del Ministerio de Seguridad
El 25 de marzo, el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial la Resolución 372/2025, que prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal.
Según la cartera dirigida por Bullrich, algunos internos utilizaban su rol de representantes estudiantiles para permanecer durante toda la jornada en los espacios educativos, lo que interfería con el cumplimiento de tareas obligatorias del régimen penitenciario, como el trabajo y la higiene de las áreas comunes.
El ministerio se amparó en la Ley 24.660, que regula la ejecución de penas, señalando que mientras el trabajo y la convivencia son aspectos obligatorios del tratamiento penitenciario, la educación tiene carácter voluntario.
Patricia Bullrich justificó la medida como una forma de evitar que el sistema educativo sea utilizado como vía para evadir obligaciones penitenciarias, destacando que el tratamiento institucional es esencial para lograr una efectiva reinserción social.
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