Un nuevo informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CITRA) expone un panorama alarmante sobre las condiciones laborales en el país. De acuerdo con el relevamiento, cuatro de cada diez personas activas trabajan en la economía popular, y nueve de cada diez de ellas perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles.
En números concretos, se trata de 3,4 millones de trabajadores que sostienen su vida cotidiana en la informalidad o en emprendimientos autogestionados, sin acceso a derechos básicos como obra social, aportes jubilatorios o estabilidad laboral. El estudio advierte que la población con ingresos bajos dentro del sector informal creció un 55,3% en el último año, reflejando el impacto del estancamiento económico y la pérdida del poder adquisitivo.
Lejos de representar una vía de progreso, la expansión de la economía popular revela una tendencia estructural: millones de personas se ven obligadas a generar su propio sustento en un entorno donde el trabajo no garantiza un ingreso digno. La “libertad económica”, planteada como bandera en los últimos años, terminó traduciéndose en mayor desigualdad y precariedad para quienes dependen de su esfuerzo diario.
El informe también destaca que la mayoría de los trabajadores de este sector dedica jornadas extensas a actividades como venta ambulante, oficios, reciclado o servicios personales, con ingresos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas. En paralelo, los mecanismos de contención estatal resultan insuficientes frente al deterioro del empleo formal.
CITRA concluye que el desafío central es reconocer y formalizar a quienes integran la economía popular, garantizando protección social, acceso al crédito y políticas de inclusión productiva que permitan salir del círculo de la precariedad. De lo contrario, advierte, el país corre el riesgo de consolidar un modelo donde el trabajo abunda, pero el salario no alcanza para vivir.