El bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en la Franja de Gaza, provocó la muerte de al menos veinte personas, entre ellas trabajadores de la salud, periodistas y personal de emergencia. El hecho generó una ola de condenas internacionales y un pedido de investigación urgente por parte de Naciones Unidas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que el objetivo del ataque era destruir una supuesta cámara instalada por Hamas en las instalaciones médicas, aunque hasta el momento no presentaron pruebas que respalden esa versión. El argumento fue recibido con escepticismo, especialmente por organismos humanitarios que recordaron que los hospitales y el personal de prensa cuentan con protección bajo el derecho internacional.
Los ataques fueron consecutivos: un primer impacto alcanzó un sector del edificio y el segundo golpeó a rescatistas y periodistas que se encontraban asistiendo a las víctimas. Este patrón fue señalado por organizaciones internacionales como una violación grave de las normas de guerra.
La ONU exigió “rendición de cuentas y justicia” y reclamó que los responsables respondan ante la comunidad internacional. En tanto, asociaciones médicas y de prensa reiteraron que los ataques contra instalaciones de salud y comunicadores deben considerarse crímenes de guerra.
El episodio refuerza la creciente presión internacional sobre Israel, en un conflicto que sigue cobrando víctimas civiles y que agudiza el debate sobre los límites del uso de la fuerza en zonas densamente pobladas.