La norma argumenta en los “lineamientos” que el Gobierno de Javier Milei determinó con la finalidad de “optimizar recursos” y “tornar más eficiente el actuar del Estado” en la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, según quedó establecido en el Boletín Oficial.
Eso involucra al personal de todos los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones; a la administración pública descentralizada y desconcentrada, a las empresas del Estado y las privadas con participación mayoritaria estatal: al ANSeS, el Pami, la AFIP, el SENASA, el Conicet, el INTA, Telam, Enacom, Tandanor, Intercargo, Aerolíneas Argentinas, YPF, etc., etc, , incluso hasta el personal no docente de la universidades nacionales.
A tal fin, y con el objeto de optimizar los recursos del Estado Nacional se establecen pautas uniformes en la “negociación salarial” paritaria que obligan a la previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
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