La nueva normativa reemplaza al decreto 690, que fue redactado durante la pandemia por Alberto Fernández. Debido a la situación de pandemia y cuarentena, el ex Presidente había declarado a los servicios públicos en competencia, por lo que congeló sus precios por un par de meses y el Estado ofició de «controlador» de todas las subas futuras de estos servicios.
El decreto 302, publicado hoy en el Boletín Oficial da marcha atrás con la normativa y parte de la Ley Argentina Digital, promulgada en la presidencia de Cristina Kirchner. Esto podría provocar nuevos aumentos en servicios de cable, internet y celular. Sin embargo, estos aumentos sería poco justificables ya que los precios no están tan atrasados como se piensa: según la consultora EcoGo, los precios de la telefonía celular están solamente 2 puntos debajo de la inflación.
El artículo 48 del decreto detalla: “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. “Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, dice el nuevo DNU, dejando en claro que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) ya no podrá interferir en los precios.
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