En el proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno incluyó una disposición que permitiría reestructurar la deuda pública con mayores libertades legales, sin ajustarse a las condiciones que actualmente exige la legislación vigente. Según lo previsto, se buscaría no estar obligado a mejorar al menos dos de las tres variables tradicionales —capital, tasa de interés o plazo— en los canjes de deuda, lo que le daría al Ejecutivo un margen de maniobra más amplio ante los acreedores.
La medida responde a un contexto económico complejo, marcado por la falta de dólares y un déficit comercial estimado en 27 mil millones de dólares para el próximo año. Desde el Ejecutivo aseguran que esta flexibilidad es necesaria para manejar compromisos financieros sin comprometer la estabilidad macroeconómica, especialmente en un escenario internacional incierto.
No obstante, la propuesta generó críticas de la oposición y de analistas económicos, quienes advierten que eliminar estas restricciones podría debilitar la transparencia y la posición negociadora del país, aumentando los riesgos sobre la confianza de inversores y acreedores.
El debate en el Congreso promete ser intenso, ya que la iniciativa no solo afecta el manejo de la deuda, sino también la percepción sobre la responsabilidad fiscal y la previsibilidad del país frente a compromisos financieros de mediano y largo plazo.