La Cámara de Diputados dio media sanción en general a la reforma laboral impulsada por el oficialismo en una sesión atravesada por la tensión política y social. Mientras en el recinto se desarrollaba el debate, en las inmediaciones del Congreso se registraban protestas sindicales y un fuerte operativo de seguridad que derivó en enfrentamientos y represión.
La medida de fuerza había sido anunciada por la Confederación General del Trabajo, que dispuso un paro sin movilización. Sin embargo, gremios considerados combativos y organizaciones sociales marcharon hacia el Parlamento para expresar su rechazo a la iniciativa. La intervención de las fuerzas federales dejó heridos y detenidos, en un clima de alta conflictividad.
En el plano legislativo, el proyecto fue aprobado en general con el respaldo del bloque oficialista de La Libertad Avanza y el acompañamiento de espacios aliados y legisladores que responden a gobernadores provinciales. Desde la oposición cuestionaron tanto el contenido de la reforma como la oportunidad política del tratamiento.
Uno de los puntos más debatidos fue la eliminación del artículo 44, promovida por sectores dialoguistas durante la discusión en particular. Esa modificación obliga a que el texto regrese al Senado para su revisión, ya que se introdujeron cambios respecto de la versión original.
La reforma incluye cambios en el régimen de contratación, modificaciones en el esquema indemnizatorio y nuevas regulaciones para trabajadores independientes vinculados a plataformas digitales, entre otros aspectos. Para el Gobierno, se trata de una herramienta clave para “modernizar” el mercado laboral y fomentar el empleo formal. Para los sindicatos, en cambio, implica un retroceso en derechos adquiridos.
Con la media sanción en Diputados, el debate se traslada nuevamente a la Cámara alta, donde se anticipa una discusión intensa en medio de un escenario político y social aún convulsionado.