El Gobierno nacional avanzó con un nuevo endurecimiento en el acceso a los subsidios a la energía al reglamentar el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial, y establece parámetros patrimoniales que podrán dejar fuera del beneficio a hogares que, aun con ingresos bajos, sean considerados con capacidad económica suficiente.
El nuevo esquema no solo tendrá en cuenta los ingresos declarados por los solicitantes, sino también una serie de indicadores vinculados a la posesión de bienes y activos. El objetivo, según se desprende de la normativa, es identificar situaciones en las que exista una “exteriorización patrimonial” incompatible con la asistencia estatal.
Entre los principales criterios que podrán derivar en la exclusión del subsidio se encuentran la titularidad de vehículos con una antigüedad reducida, la posesión de varios inmuebles, la propiedad de embarcaciones o aeronaves, y la participación en sociedades o activos empresariales. Estos factores serán evaluados de manera conjunta, independientemente de que los ingresos del grupo familiar se ubiquen por debajo del tope establecido para recibir el beneficio.
El régimen SEF abarca los subsidios a la electricidad, el gas natural por redes y el gas envasado, y fija como umbral general de acceso un nivel de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo. Sin embargo, con la nueva reglamentación, cumplir con ese requisito ya no será suficiente si se detecta capacidad de pago a partir del patrimonio declarado o registrado.
Para la evaluación de cada caso, el Estado realizará cruces de información con distintas bases de datos oficiales, como registros tributarios, patrimoniales y sociales, con el fin de verificar la situación económica real de los solicitantes. La inscripción o permanencia en el registro de subsidios tendrá carácter de declaración jurada y podrá ser revisada en cualquier momento.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir el universo de beneficiarios y focalizar la asistencia en los sectores que considera más vulnerables, en el marco del proceso de quita gradual de subsidios y reordenamiento del esquema tarifario energético.