El Gobierno nacional admitió que en el marco de las auditorías realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se dieron de baja más de 110 mil pensiones no contributivas. La confirmación se conoció en paralelo al escándalo por las denuncias de presuntas coimas que involucran a la conducción del organismo y que derivaron en la salida de su director, Diego Spagnuolo.
De acuerdo con la información oficial, los controles implementados detectaron casos de beneficiarios fallecidos y situaciones administrativas irregulares. Sin embargo, organizaciones sociales y referentes del sector advierten que la medida dejó sin ingresos a miles de personas que dependen de la pensión para cubrir necesidades básicas, muchas veces sin recibir notificación previa.
Las críticas apuntan a que el procedimiento se transformó en un recorte masivo que vulnera derechos fundamentales. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad calificaron la decisión como un “plan de crueldad” que expone a las personas más vulnerables a quedar fuera del sistema de protección social.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que la reducción de pensiones forma parte de la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo en busca de equilibrio fiscal. En su exposición ante el Congreso señaló que el número de beneficiarios se reducirá de manera significativa hacia fin de año.
El anuncio, sumado a las denuncias de corrupción en la ANDIS, profundiza el malestar en un sector históricamente postergado y reaviva el debate sobre el impacto humano de las medidas de ajuste económico.