El Gobierno dio el primer paso formal para avanzar con su reforma laboral, luego de que el presidente Javier Milei firmara el proyecto que será enviado al Congreso. La iniciativa propone una reconfiguración profunda del sistema de indemnizaciones, nuevas herramientas para promover el empleo registrado y una reducción del peso administrativo que hoy tienen los sindicatos en distintos aspectos del vínculo laboral.
Un fondo para despidos que reemplaza al esquema tradicional
El punto más relevante es la creación de un fondo individual para despidos, un mecanismo pensado para reemplazar el régimen de indemnización clásica. Cada empleador aportará mensualmente un porcentaje del salario del trabajador, que se irá acumulando en una cuenta a su nombre y quedará disponible ante una desvinculación sin causa.
El objetivo oficial es dar previsibilidad de costos a las empresas y, al mismo tiempo, garantizar que el trabajador reciba un resarcimiento inmediato sin necesidad de litigios. El aporte obligatorio variará según la modalidad del contrato y el tamaño de la empresa, aunque en ningún caso debería traducirse en descuentos adicionales para el empleado.
Cambios en el poder sindical
Otro eje central del proyecto es la alteración del rol de los sindicatos en materia administrativa. El Ejecutivo plantea que las empresas dejen de estar obligadas a retener automáticamente todas las cuotas y contribuciones sindicales, una función que hoy constituye una de las principales fuentes de financiamiento gremial.
Con esta modificación, cada trabajador deberá autorizar de manera expresa qué aportes quiere realizar, mientras que los sindicatos tendrán que organizar su propia recaudación. En la práctica, esto reduce la dependencia estructural de las empresas respecto de las organizaciones sindicales y obliga a los gremios a fortalecer su vínculo directo con los afiliados.
Incentivos al blanqueo y formalización
La reforma incluye además un apartado dedicado a los trabajadores no registrados. Se proponen regímenes de regularización rápida, con períodos de gracia para que las empresas registren personal sin enfrentar multas acumuladas. El Gobierno sostiene que esta medida podría abrir la puerta a una mayor incorporación de trabajadores al sistema formal, especialmente en sectores donde predomina la informalidad.
Un Congreso dividido ante el debate
El envío del proyecto inicia una discusión legislativa que promete ser intensa. Mientras el oficialismo busca avanzar rápido con la reforma argumentando que es clave para dinamizar el mercado laboral, distintos sectores sindicales y parte de la oposición advierten que algunas disposiciones podrían debilitar derechos adquiridos y reducir el alcance de la negociación colectiva.
El Ejecutivo, por su parte, insiste en que la modernización del sistema es indispensable para generar empleo privado y reducir la conflictividad judicial que hoy atraviesa muchas relaciones laborales.
La reforma ya está en manos del Congreso, y su tratamiento se perfila como uno de los debates políticos más importantes de los próximos meses. Si querés, puedo crear también una versión más corta para redes o un análisis explicativo punto por punto.