El Gobierno nacional oficializó la eliminación total de los aranceles para la importación de teléfonos celulares, una medida que se concretó mediante decreto tras una reducción progresiva del impuesto. El gravamen, que en una primera etapa había bajado al 9,5%, quedó finalmente en cero con el objetivo de ampliar la oferta, reducir los precios y facilitar el acceso a estos dispositivos en el mercado interno.
En el texto oficial, el Ejecutivo sostiene que la decisión apunta a mejorar las condiciones de competencia y a generar un impacto positivo en los valores finales que pagan los consumidores. Además, remarca que la quita del arancel busca impulsar la inclusión digital y acompañar el desarrollo tecnológico, en un contexto donde los teléfonos móviles se volvieron herramientas esenciales para el trabajo, la educación y la comunicación cotidiana.
Sin embargo, la medida genera fuerte preocupación en la provincia de Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la industria tecnológica nacional bajo un régimen de promoción especial. La eliminación total de los aranceles representa un golpe directo para el esquema productivo fueguino, que depende de la protección frente a los productos importados para sostener la actividad y el empleo.
Ya en mayo del año pasado, el gobernador Gustavo Melella había advertido que el Gobierno avanzaría hacia una apertura total del mercado, al considerar que la reducción de aranceles respondía a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Desde la provincia reiteran que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo y debilita la industria local frente a la competencia externa.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para abaratar costos y ampliar el acceso a la tecnología, el debate vuelve a instalarse entre quienes priorizan el impacto positivo en el consumo y quienes alertan sobre las consecuencias económicas y sociales para las regiones productivas del país.