El Gobierno nacional oficializó la derogación de una serie de artículos fundamentales de las leyes 24.467 y 25.872, que promovían el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y el apoyo al empresariado joven. La medida, implementada mediante el Decreto 339/2025 y publicada en el Boletín Oficial, forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei para reducir la intervención estatal en la economía y fomentar un mercado más libre y competitivo .
Entre los artículos eliminados de la Ley 24.467 se encuentran:
Sistema de información MIPyME y agencias de desarrollo productivo (Arts. 12 y 13): Se suprimen las herramientas destinadas a asistir a las PyMEs con información técnica, comercial y legal, y la red de agencias que brindaban apoyo en todo el país.
Movilización de recursos de institutos tecnológicos (Art. 14): Se elimina la instrucción al Poder Ejecutivo para fortalecer y racionalizar los recursos de organismos como el INTA, INTI e INTEMIN en relación con las PyMEs.
Programa de desarrollo de proveedores (Arts. 16 y 17): Se desactiva el plan que fortalecía el vínculo entre PyMEs proveedoras y grandes empresas, incluyendo compras estatales.
Certificación de calidad (Art. 18): Se suprime la política que incentivaba a las empresas a operar bajo estándares internacionales.
Consorcios de exportación y apoyo a la internacionalización (Arts. 19, 20 y 21): Se derogan las disposiciones que promovían la formación de consorcios de PyMEs con énfasis en la exportación y las políticas de apoyo a la internacionalización comercial.
Programa Nacional de capacitación para PyMEs (Art. 22): Se elimina la instrucción para desarrollar un programa de capacitación para cuadros empresarios y gerenciales de PyMEs.
Comisión especial de seguimiento (Art. 105): Se disuelve esta comisión encargada de evaluar el impacto de la ley sobre el empleo, el mercado de trabajo y la negociación colectiva .
Además, el decreto deroga casi en su totalidad la Ley 25.872, que establecía el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Esta iniciativa buscaba fomentar el espíritu emprendedor, ofrecer herramientas fiscales y financieras, e impulsar la inserción de jóvenes empresarios en el mercado local e internacional .
El Gobierno argumenta que estas funciones y programas resultan “innecesarios” y que su mantenimiento genera una “contribución al interés general marginal” en el contexto de la actual política de reducción de la intervención estatal y maximización de la eficiencia en la gestión pública .
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión, afirmando que “una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad y tener una macro ordenada que permita el financiamiento” .
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito empresarial y político, con algunos sectores expresando preocupación por la eliminación de herramientas que consideraban fundamentales para el desarrollo de las PyMEs y el fomento del emprendedurismo juvenil.