Pese a las críticas por censura, en el oficialismo consideran un triunfo la medida judicial que impide difundir los audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada. La razón no estaría en frenar su circulación —ya instalada en redes y grupos privados—, sino en el efecto político: desplazar del centro de la agenda el caso de los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran supuestas coimas y comprometen a dirigentes libertarios.
La decisión judicial provocó un amplio rechazo de medios de comunicación, juristas y opositores, que la calificaron como un acto de censura previa. Sin embargo, dentro del Gobierno insisten en que el debate sobre la libertad de prensa resultó funcional para desactivar, al menos en parte, el impacto del escándalo de corrupción.
Con esta jugada, el oficialismo buscó transformar una denuncia que ponía en cuestión su núcleo de poder en una discusión sobre los límites de la información pública. Aunque la polémica aún sigue abierta, en la Casa Rosada aseguran que el objetivo inicial se cumplió: correr el foco de la atención social y política