En medio del escándalo por las fotos junto a la modelo Sofía Clérici en un yate de lujo en el Mediterráneo que derivó en su salida del gobierno bonaerense, Martín Insaurralde está en la mira del Banco Central uruguayo, que comenzó una investigación de oficio por el presunto pago de US$ 20 millones a Jésica Cirio tras su divorcio.

“La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) inicia una investigación de oficio ante casos sospechosos como este, recorriendo los precedimientos habituales”, respondieron a Clarín desde el Banco Central de Uruguay, a través de su área de Comunicación.

Tal como reveló ayer Clarín, la investigación se activó por una denuncia de la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña.

La investigación intenta determinar si el ahora ex jefe de los ministros del gobierno de Axel Kicillof le pagó esa suma millonaria a Cirio por haberse divorciado.

El supuesto pago a la conductora de TV, con la que se había casado en 2014 y tiene una hija, tomó estado público tras la denuncia que presentaron la ex funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el diputado Ricardo López Murphy.

Como informó Clarín, la presentación judicial había sido preparada antes de conocerse las fotos de Insaurralde y Clérici en Marbella, en medio de versiones que daban cuenta de que los bienes en juego en el divorcio del intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora y Cirio eran de 50 millones de dólares y que 20 fueron a la modelo y conductora a través de una cuenta en Uruguay.

Talerico dijo en las últimas horas que “un broker en Uruguay sería quien abrió la cuenta para que Insaurralde pague los 20 millones de dólares a su ex Jésica Ciro”.

Y agregó: “La UIF argentina debe recabar esta información con urgencia. Se señala a la plataforma financiera internacional Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos”.

Además, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña denunció a Insaurralde ante el secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, Jorge Chediak.

En ese pedido a la justicia uruguaya, Ocaña recordó que “Insaurralde es una persona políticamente expuesta extranjera (PEP) en tanto ha desempeñado funciones públicas prominentes en la República Argentina conforme los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

El pedido de Ocaña es que se “disponga lo necesario para iniciar una investigación para determinar si Insaurralde realizó transacciones financieras en la República Oriental del Uruguay que involucrarían activos sobre cuya procedencia existen sospechas de ilicitud”.

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