Las y los diputados de la provincia de Salta aprobaron un proyecto de declaración que propone que el Ejecutivo provincial “gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la provisión de pistolas Taser y la instrucción del uso correspondiente”. La iniciativa fue presentada por el legislador Omar Exeni (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), quien ya había propuesto una acción similar en 2020 junto a su entonces par Ignacio Jarsún, obteniendo su aprobación en la sesión del 1 de diciembre de ese año.

De acuerdo a lo expuesto por Exeni durante la sesión, la iniciativa busca que el personal de las fuerzas de seguridad tenga una herramienta para que “se puedan defender y cuidar a los ciudadanos cuando hay algún delito o cosas ilegales”. El legislador afirmó que el Ministerio de Seguridad de la provincia, que dirige Marcelo Domínguez, debería gestionar las pistolas que se compraron en 2018, desde la cartera de Seguridad nacional cuando su titular era la dirigente del PRO Patricia Bullrich.

Exeni pretende que la provincia obtenga una donación de esas armas y luego empezar recién una capacitación para su uso. “Estas pistolas contienen una cámara y cuando el policía hace un tiro, tiene que ir a justificar al Ministerio de Seguridad para saber si la acción fue bien o mal. Ya el ministro (de Seguridad) dirá si está bien o mal”, se justificó el legislador.

No obstante, el uso de las pistolas Taser es fuertemente repudiado por los organismos de derechos humanos y las instituciones que denuncian la violencia institucional. Recientemente, la directora de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, advirtió en medios públicos que “las pistolas Taser se promocionan como armas no letales, pero en verdad son armas menos letales, es decir que su uso desproporcionado puede implicar graves daños a la salud”.

Las declaraciones de Darraidou se dieron en el marco de la compra de 100 armas de este tipo por parte del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a pesar de que desde hace dos años existe un freno a la importación impuesto por la Agencia Nacional de Materiales Controlados. En febrero de este año Fernández afirmó que para su implementación cada fuerza deberá cumplir con un protocolo de actuación específico para estos dispositivos.

El CELS recordó que Naciones Unidas hace varias recomendaciones en cuanto al no uso de estas pistolas en personas de edad avanzada, niñeces, personas de contextura física muy pequeña, personas con padecimientos mentales, personas que se encuentren intoxicadas por la ingesta de alcohol o alguna otra droga. Afirma que tampoco podrán ser implementadas en un escenario en el que se hayan utilizado previamente gases lacrimógenos o exista riesgo de caída de la persona afectada.

En ese sentido, Darraidou dijo a FM La Tribu que “estos puntos tienen que ser atendidos en un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad. Lo que vemos desde el CELS es un problema en la desproporción del uso de la fuerza de todas las policías, lo grave sería sumar esta herramienta a este circuito“.

La propuesta de Exeni ya encontró el aval de sus pares en diciembre de 2020, cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia estaba a cargo del negacionista Juan Manuel Pulleiro. En esta nueva presentación también se busca contar con el apoyo del nuevo ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez.

El texto original del proyecto de declaración aprobado en la sesión de ayer, no incluía la capacitación sobre el uso de las pistolas al personal de las fuerzas de seguridad provinciales, por lo que desde la Comisión de Seguridad se incorporó ese apartado. Tras ello, Exeni recordó que junto a Pulleiro habían acordado que dichas capacitaciones las realicen personas provenientes de Israel. “Nadie va a salir a disparar a todo el mundo, se dará una capacitación y cuando el policía efectúe algún disparo, tiene que ir a Ministerio de Seguridad a justificar por qué lo hizo”, reiteró el legislador.