La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda pública como respuesta a hechos delictivos protagonizados por adolescentes. Sin embargo, especialistas en niñez, adolescencia y políticas públicas advierten que endurecer las penas y adelantar el ingreso de menores al sistema penal no solo no resuelve el problema de la inseguridad, sino que puede profundizarlo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la eficacia real de esta medida. Diversos estudios señalan que el delito juvenil representa un porcentaje reducido del total de hechos delictivos y que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal provienen de contextos de alta vulnerabilidad social, con trayectorias marcadas por la exclusión, la deserción escolar y la falta de acceso a derechos básicos.
Otro eje central del debate es la situación de los institutos de menores. Estos espacios arrastran desde hace años denuncias por hacinamiento, violencia institucional y ausencia de programas socioeducativos sostenidos. Según advierten especialistas, incorporar a chicos cada vez más jóvenes a un sistema colapsado y con escasa capacidad de reinserción no ataca las causas del delito, sino que refuerza circuitos de marginalidad y reincidencia. “Sumar adolescentes más chicos a estructuras que no están preparadas no soluciona el problema, lo agrava”, señalan desde el ámbito técnico.
Desde una mirada integral, se remarca que la seguridad no puede pensarse únicamente desde el castigo. Las políticas más efectivas, sostienen, son aquellas que fortalecen la prevención temprana, el acompañamiento familiar, la escuela, la salud mental y los dispositivos comunitarios. Incluso frente a delitos graves, la respuesta estatal debería combinar responsabilidad con abordajes socioeducativos y terapéuticos, orientados a evitar que el conflicto con la ley se convierta en un destino permanente.
En este contexto, el debate sobre la edad de imputabilidad expone una tensión de fondo: la búsqueda de respuestas inmediatas frente al delito versus la construcción de políticas de largo plazo. Para los especialistas, el castigo temprano puede generar una sensación de respuesta rápida, pero no reduce la violencia ni ofrece salidas reales. “Sin prevención ni inclusión, no hay seguridad sostenible”, coinciden.