Cada vez más países avanzan con leyes que limitan o prohíben el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. La discusión, que comenzó como una advertencia sanitaria y educativa, hoy se convirtió en un tema central de agenda pública. Mientras Australia ya anunció la prohibición total para menores de 16 años y Europa discute regulaciones más estrictas, Argentina observa el escenario sin definiciones concretas, pero con señales de que el debate podría instalarse en cualquier momento.
El eje de estas iniciativas no apunta únicamente al uso recreativo de redes, sino también a los riesgos asociados: exposición temprana a contenido no apto, problemas de salud mental, dificultades en el descanso, manipulación de datos personales y casos crecientes de acoso digital. En los países que promueven estas restricciones, los gobiernos exigen a las plataformas sistemas fiables de verificación de edad y mayores responsabilidades legales ante incumplimientos.
Mientras tanto, en Argentina el panorama es distinto: por ahora no existe un proyecto formal que busque restringir el acceso por edad, y el tema solo aparece en discusiones aisladas dentro del ámbito educativo, judicial y sanitario. Las medidas vigentes se concentran en campañas de uso responsable, acompañamiento familiar y programas escolares relacionados con ciudadanía digital.
Aun así, el contexto internacional podría acelerar el debate local. La posibilidad de una regulación similar abre interrogantes: cómo controlar la edad real de los usuarios, quién sería responsable ante incumplimientos, qué rol tendría la familia y hasta qué punto el Estado puede intervenir sin afectar derechos digitales de los adolescentes.
Expertos en tecnología, educación y salud mental coinciden en que la discusión ya no gira solo en torno al acceso, sino al tipo de vínculo que las nuevas generaciones construyen con el entorno digital. Para algunos, limitar el uso es una forma de protección; para otros, puede convertirse en una barrera que invisibiliza problemáticas en lugar de resolverlas.
A medida que más países avanzan en normativas estrictas, Argentina enfrenta una decisión estratégica: mantenerse al margen del nuevo escenario global o anticiparse a una transformación que, tarde o temprano, podría ser inevitable.