En una reunión encabezada por la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes y con la participación de la titular del Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Nilda Gómez; el defensor Público de Víctimas de Nación, Carlos Nicolás Escándar; el secretario de Justicia, Diego Pérez, la presidenta de la Fundación Papis Lucrecia Miller, Yanela Barrios por Madres Protectoras Salta y la jefa del área jurídica de DDHH, Sofia Goytia Morillo se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la adhesión a la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito.

El encuentro se convocó con el propósito analizar e intercambiar visiones y realizar aportes objetivos desde las experiencias y trayectorias de cada sector respecto a la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito. De avanzar en esta instancia se establecería que las personas que sufren un delito tengan derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena, según la normativa de orden nacional sancionada.

Mariana Reyes resaltó que “este nuevo encuentro nos une aún más, para seguir trabajando por un objetivo concreto, garantizar los derechos de las víctimas y, con una metodología de trabajo que convoque y reúna a todos los sectores, sumando las experiencias institucionales y de las organizaciones que en territorio y con permanencia asisten a las personas frente a diferentes problemáticas. Sostener estos encuentros y ampliarlos aumenta las perspectivas y nos ayuda a definir mejores medidas y estrategias”.

La titular del Observatorio de Víctimas, Nilda Gómez, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, se refirió a la asistencia y los servicios nacionales que presta su organismo, otorgando a las víctimas de delitos un rol protagónico, desde la supervisión y monitoreo de actuaciones y seguimiento de situación de la persona afectada y sus familias.

En tanto, que el defensor público de las Víctimas, Nicolás Escandar, presentó el rol jurídico y social que contiene a la Defensoría, al garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que sean víctimas de delito y se vean limitadas de ejercer sus derechos por carencia de medios o por poseer alguna otra condición de vulnerabilidad.

Finalizando el encuentro, el secretario de Justicia, Diego Pérez, consideró que “es importante este espacio de debate y análisis de nuevas propuestas y aportes que generen el acceso de la comunidad a la Justicia sobre todo trabajando de forma integral y mancomunada”.

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Por Cristian

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