La economía argentina atraviesa un proceso de fuerte precarización del trabajo y deterioro de los ingresos. De acuerdo con relevamientos recientes, más del 43% de los trabajadores se desempeñan en condiciones de informalidad, sin aportes previsionales ni cobertura legal, y el fenómeno se expande tanto entre asalariados como en el sector cuentapropista.
El impacto de esta situación se refleja en la vida cotidiana: la mayoría de los hogares no logra cubrir el costo de la canasta básica y alrededor del 70% de la población percibe ingresos que resultan insuficientes frente a la inflación. Aunque los datos oficiales marcan una leve mejora en la distribución del ingreso respecto al año pasado, esa reducción en la desigualdad se explica más por la licuación generalizada que por una verdadera recuperación.
Especialistas advierten que la combinación de salarios deprimidos, suba de precios y desprotección laboral configura un escenario de pobreza extendida incluso entre quienes tienen empleo. Los sectores más jóvenes, los trabajadores de baja calificación y los independientes figuran entre los más afectados por esta tendencia.
La consolidación de la informalidad y el retroceso de los ingresos plantean un desafío central para el futuro inmediato: revertir la pérdida de calidad del empleo y evitar que amplios sectores de la sociedad queden atrapados en una situación de exclusión estructural.