La investigación federal sobre la red de trata que operaba en distintos establecimientos educativos de Salta avanza con nuevas imputaciones y la confirmación de que ya son más de 30 las víctimas identificadas, la mayoría de ellas menores al momento de los hechos. Las autoridades judiciales remarcan que el trabajo se desarrolla con extrema reserva y protocolos estrictos para evitar cualquier forma de revictimización.
El caso destapó un circuito de captación que se extendía por varios colegios de la ciudad. Los investigadores describen un esquema en el que adultos ofrecían dinero, regalos o dispositivos electrónicos a adolescentes para incorporarlas a un sistema de explotación que incluía presiones, amenazas y registros audiovisuales destinados a mantener el control sobre ellas. La complejidad del entramado llevó a ampliar la acusación contra varios de los detenidos, que ahora enfrentan cargos por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, corrupción de menores y abuso agravado.
Nicolás Escándar, defensor federal de víctimas, señaló que la causa se encuentra en una etapa decisiva, con declaraciones en cámara Gesell previstas para los próximos días. Sostuvo que la magnitud del expediente y el daño ocasionado podrían derivar en condenas severas, con penas que superarían los 15 o 20 años de prisión para los principales responsables.
El avance del caso generó conmoción social y reabrió el debate sobre los mecanismos de prevención dentro de los entornos escolares, en un contexto donde la Justicia busca determinar si existieron encubrimientos, negligencias o fallas institucionales que facilitaron la captación de las adolescentes.