La crisis política y financiera en Paraguay se profundizó luego de que la Cámara de Diputados rechazara por unanimidad la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, quien ahora deberá enfrentar un juicio político en el Senado. La situación se desencadenó tras el colapso del Ueno Bank, entidad vinculada al poder político, que dejó a millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus ahorros.
Peña había presentado su dimisión con el objetivo de acceder a los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio. Sin embargo, el Congreso rechazó su salida y avanzó con el proceso de destitución, que también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana. El mandatario confirmó que se presentará ante el Senado para ejercer su defensa y aseguró que responderá a las acusaciones con argumentos y pruebas.
En paralelo, las protestas se multiplicaron en las calles, con reclamos de ahorristas y trabajadores afectados por la caída de la entidad financiera. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, el cierre habría comprometido alrededor de 7.000 puestos laborales directos e indirectos. Además, la Fiscalía General ordenó tres investigaciones penales para determinar posibles responsabilidades en la supervisión del banco, el manejo de su insolvencia y la colocación de fondos públicos en la institución.
Entre las principales acusaciones contra Peña figuran presuntos conflictos de intereses, beneficios a empresas vinculadas al banco y el direccionamiento de fondos del sistema previsional hacia la entidad. El impacto también alcanzó a la economía paraguaya: el Ueno Bank administraba unos 850 millones de dólares de organismos públicos y tenía cerca de 2,9 millones de clientes. En medio de la incertidumbre, el guaraní registró una fuerte depreciación y los bonos soberanos profundizaron sus pérdidas en los mercados internacionales.