El transporte público salteño atraviesa un nuevo foco de conflicto que tiene como protagonistas a las empresas prestatarias de los corredores 1 al 8 y al Gobierno provincial. La discusión comenzó cuando las compañías comunicaron que reducirían la cantidad de colectivos en circulación por dificultades para sostener los costos operativos. La medida, anunciada para este martes 3 de noviembre, generó una rápida respuesta de las autoridades.
El principal desacuerdo gira en torno al dinero destinado a mantener el servicio. Las empresas aseguran que SAETA mantiene pendientes pagos correspondientes a septiembre y octubre, una situación que, según sostienen, les impide afrontar la compra de combustible y otros gastos esenciales. Desde el Gobierno, en cambio, niegan que exista la deuda en los términos denunciados y afirman que se entregaron fondos, incluso mediante cheques diferidos para garantizar el suministro de gasoil.
Más allá de las diferencias económicas, la Provincia cuestionó que las prestatarias pretendan modificar por su cuenta las condiciones de funcionamiento del transporte. En ese sentido, advirtió que podría avanzar con sanciones que incluso contemplen el retiro de concesiones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones. Mientras continúa el cruce entre ambas partes, el principal interrogante es cómo se garantizará la normal prestación del servicio para los pasajeros.