A pocas horas de una nueva movilización en defensa de las universidades públicas, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa de $100.000 por día para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la falta de cumplimiento de una orden judicial vinculada con salarios universitarios y becas estudiantiles.
La resolución establece que la sanción podrá modificarse tanto en su monto como en los funcionarios alcanzados si persiste el incumplimiento. La medida responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, que advirtió que el Estado no había aplicado lo dispuesto en la cautelar, confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026.
El fallo exige actualizar los haberes del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de recomponer las becas. La ley establece una suba salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025 para compensar la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de ese año, junto con actualizaciones mensuales posteriores según el IPC.
Desde el Gobierno cuestionaron la decisión y argumentaron que la obligación judicial no precisa las sumas que deben abonarse ni contempla partidas presupuestarias suficientes para afrontar el incremento reclamado. También señalaron que desde diciembre de 2023 se otorgaron aumentos salariales y que el incremento acumulado, según sus cálculos, alcanzó el 226,80% en junio de 2026.
La administración nacional sostuvo además que propuso nuevas recomposiciones salariales durante las negociaciones paritarias y cuestionó el cálculo que llevaría a exigir un aumento acumulado del 312,19%. Sin embargo, el juez rechazó que la apelación estatal suspendiera el cumplimiento de la cautelar.
La sanción se conoció en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves, en medio del reclamo de las instituciones educativas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.