La disputa por los recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno de Javier Milei anunció que avanzará con una denuncia penal contra cinco compañías relacionadas con tareas de exploración y explotación de petróleo en la zona, al considerar que habrían actuado sin autorización argentina.
La presentación judicial incluirá a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de las personas que ocupen cargos directivos o hayan intervenido en las operaciones investigadas. La acusación se fundamenta en la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades hidrocarburíferas realizadas sin aval de las autoridades nacionales.
El principal foco está puesto en Sea Lion, proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. El emprendimiento está encabezado por Navitas Petroleum, que posee el 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%. A fines de 2025, ambas compañías resolvieron avanzar con la primera etapa de desarrollo luego de completar sus evaluaciones técnicas, económicas y financieras.
La decisión judicial forma parte de una respuesta más amplia de la administración nacional frente a las actividades hidrocarburíferas en el área. La Cancillería también inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas directa o indirectamente con esas operaciones, mientras el Gobierno ratificó su reclamo de soberanía sobre las islas y sus recursos naturales. Además, Milei pidió que el Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.