El Gobierno nacional volvió a poner en marcha en el Congreso dos de sus principales iniciativas legislativas: la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil para reducir la edad de imputabilidad. Tras haber quedado relegados durante gran parte del año pasado, ambos proyectos retomarán su recorrido parlamentario en febrero, con inicio en el Senado de la Nación.
El debate formal comenzará una vez que se constituyan las comisiones correspondientes, un proceso previsto para los primeros días del mes. En el caso de la reforma laboral, el oficialismo apunta a abrir la discusión a partir del 11 de febrero, con la intención de acelerar su tratamiento antes del inicio del período ordinario de sesiones.
Desde La Libertad Avanza reconocen que el avance de las iniciativas dependerá de una compleja etapa de negociaciones políticas. El Ejecutivo busca construir mayorías con los bloques considerados “dialoguistas”, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, en un escenario parlamentario donde el oficialismo no cuenta con números propios suficientes.
La reforma laboral propone cambios estructurales en el marco normativo vigente, con el argumento de promover el empleo formal y reducir los costos laborales. Entre los ejes que se prevé discutir figuran modificaciones al sistema de indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación y mecanismos de mayor flexibilidad laboral, puntos que ya generaron fuertes cuestionamientos por parte de sindicatos y sectores de la oposición.
En paralelo, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad vuelve a instalar un debate sensible. La iniciativa plantea reformar el régimen penal juvenil y establecer un nuevo piso etario para la responsabilidad penal, acompañado —según el Gobierno— de un esquema de sanciones diferenciadas y medidas socioeducativas. Organismos de derechos humanos y especialistas advierten, sin embargo, sobre el impacto social y legal de la medida.
Con estos dos proyectos en agenda, el oficialismo busca marcar el pulso del inicio del año legislativo y avanzar con reformas que considera centrales para su programa de gobierno, en un Congreso donde cada votación requerirá acuerdos políticos finos y negociaciones constantes.