La estrategia oficial para sostener el tipo de cambio y contener la inflación volvió a apoyarse esta semana en una fuerte contracción monetaria. En la segunda licitación de deuda del año, el Gobierno logró renovar la totalidad de los vencimientos y además absorbió 1,6 billones de pesos, profundizando la restricción de liquidez como herramienta central de su política económica.
La decisión apunta a reducir la cantidad de pesos en circulación para limitar la demanda de dólares y moderar los precios, en un contexto donde el atraso cambiario comienza a generar nuevas tensiones. Aunque el dólar se mantiene relativamente bajo en términos reales, su debilidad frente a otras monedas y el movimiento alcista en el mercado local alimentan expectativas de inflación futura, especialmente en bienes con componentes importados.
En el mercado mayorista, la divisa cerró la jornada en torno a los 1.444 pesos, mientras el Banco Central intervino con compras por 33 millones de dólares. Si bien estas operaciones permiten reforzar reservas en el corto plazo, no logran disipar del todo la presión cambiaria, que reaparece de forma sostenida.
La contracara de esta política es el impacto sobre la actividad económica. La absorción de pesos, combinada con tasas reales elevadas y un consumo debilitado, refuerza un escenario recesivo que ya se refleja en la caída de la producción y el enfriamiento del mercado interno. El ajuste monetario funciona como ancla inflacionaria, pero a costa de una mayor contracción económica.
Con un dólar que deja de ser un factor de estabilidad y una inflación que encuentra nuevos impulsos externos, el Gobierno enfrenta un dilema cada vez más marcado: sostener el equilibrio cambiario y fiscal mediante más ajuste, o asumir el riesgo de una reactivación que reavive las tensiones sobre los precios. Por ahora, la respuesta oficial sigue siendo profundizar el freno a la economía.